El pasado 8 de mayo de 2025, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Garantías y Conocimiento de Chaparral falló un incidente de desacato en contra de la Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, por incumplir una sentencia de tutela interpuesta en favor de la docente Diana Milena Muñoz Orjuela, quien labora en la Institución Educativa Las Risaldas, sede Chontaduro, zona rural del municipio de Chaparral, territorio PDET (Postconflicto).
La sentencia original, emitida el 20 de marzo de 2025, ordenaba su reubicación laboral en el casco urbano de Chaparral, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de su hija menor, quien requiere atención médica especializada, así como el derecho a la educación de otra hija que debía acceder al nivel de secundaria.
Pese al fallo, la Gobernación del Tolima trasladó a la docente a la zona rural de La Marina, en condiciones iguales o incluso más desfavorables que las de su actual lugar de trabajo, ignorando las circunstancias geográficas, de conectividad y riesgo vial que afectan la calidad de vida de la docente y su núcleo familiar.
Ante el evidente incumplimiento de la orden judicial, el juzgado sancionó a la Gobernadora del Tolima con dos (2) días de arresto, multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y además ordenó compulsar copias penales para que se investigue un presunto fraude a resolución judicial, conforme al Código Penal colombiano.
Este caso fue tramitado en su totalidad por el Departamento Jurídico de SUTET SIMATOL, que logró demostrar de manera contundente la vulneración de derechos fundamentales y la conducta renuente por parte de la administración departamental.
Desde SUTET SIMATOL reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos del magisterio tolimense, especialmente en territorios PDET, donde las y los docentes cumplen una función social vital para la paz, la educación y el desarrollo de las comunidades rurales.